El Sr. Draghi, el euro, el BCE y el Bundesbank

Una de las frases que se han estado reproduciendo con mayor frecuencia en los medios de mayor difusión a los dos lados del Atlántico es que “el euro está en peligro de desaparecer”. Una y otra vez se subraya que el euro puede colapsarse creando un enorme problema, no sólo a los países de la Eurozona, sino a toda la economía mundial, resultado de la importancia que ha adquirido tal moneda a nivel internacional. El euro, sin embargo, no está en peligro de desaparecer. Como bien dijo el Sr. Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, en su conferencia de prensa última (02/08/12), “el euro no ha estado ni estará en peligro”. En realidad, el Sr. Draghi podría haber hecho referencia a que el euro continúa estando por encima del dólar, habiendo descendido algo desde su momento de auge, pero permanece todavía por encima del valor que muchos sectores exportadores de la Eurozona desearían. Y el hecho de que no esté en peligro se debe a que las fuerzas dominantes que determinaron su establecimiento continúan existiendo y beneficiándose de su existencia.

Aquellos que continúan insistiendo en que el euro está en peligro ignoran o desconocen cómo y el porqué se estableció. El euro se creó como un mecanismo para integrar la (dividida) Alemania post-nazi dentro de la Europa democrática. La reunificación de las dos Alemanias, deseada por la estructura de poder de aquel país, atemorizaba a la mayoría de países aliados que habían ganado la II Guerra Mundial, temiendo que surgiera de nuevo la Alemania unida frente a los países aliados (como Francia y Gran Bretaña) que habían sufrido dos veces en un siglo las ansias expansionistas de aquel país. De ahí que el presidente Mitterrand (que había dicho que quería tanto a Alemania que quería dos de ellas, en lugar de una) propusiera que el marco alemán fuera sustituido por una moneda europea –el euro-, a fin de anclar la nueva Alemania en la Europa democrática.

La condición que puso el gobierno alemán, sin embargo, fue que el euro fuera gobernado por una institución (el Banco Central Europeo, BCE) en el que el Bundesbank (el Banco Central alemán) tuviera la mayor influencia: en realidad, el BCE estaría bajo su control. La otra condición que puso Alemania fue la aprobación del Pacto de Estabilidad, que sometía a todos los países de la Eurozona a condiciones de gran austeridad fiscal, que deberían respetarse incluso en condiciones de recesión, como ahora. Para entender la aceptación de estas dos condiciones (que han tenido un impacto negativo en el crecimiento económico de toda la Eurozona) por parte de los países aliados, hay que entender el dominio hegemónico del neoliberalismo (iniciado por el presidente Reagan en EEUU y por Margaret Thatcher en Gran Bretaña) a los dos lados del Atlántico. Un promotor de tal ideología fue el capital financiero alemán, que estableció el control de la inflación como el objetivo central del establecimiento del sistema financiero europeo, centrado en el BCE, intentando a la vez disminuir el rol de los Estados y en su lugar, favorecer a la banca privada y al mundo empresarial exportador. Y así se hizo.

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Vicenç Navarro

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El mayor problema de España no es ni el déficit ni la deuda

El mayor problema de España no es ni el déficit ni la deuda

En sus continuas reuniones con la canciller alemana Angela Merkel, el Presidente Rajoy ha acentuado que el objetivo principal de su gobierno es el de reducir el déficit público, y supeditará todas sus políticas públicas a conseguir tal objetivo. Tal postura asume que el mayor problema de la economía española es el endeudamiento del Estado español (sea éste central, autonómico o municipal), postura que fue también compartida anteriormente por el gobierno Zapatero. Ambos gobiernos han interpretado tal endeudamiento como la causa de que el país esté en recesión y que ahora esté estancado, dificultando su recuperación. De ahí su constante referencia a que “España no puede gastarse más de lo que tiene”, frase que, con distintas variaciones, ha ido repitiendo.

Los datos, sin embargo, no avalan tales tesis. Veámoslos. Si el déficit y la deuda pública hubieran sido la causa de la crisis financiera y económica que España padece (tal como muchos economistas neoliberales, incluyendo los financiados y/o próximos a Fedea), el Estado en este país habría tenido un enorme déficit público y una elevada deuda pública cuando comenzó la crisis, en 2007. Los datos, sin embargo, muestran que, en contra de tal tesis, cuando la crisis empezó, España tenía superávit en sus cuentas del Estado. España ingresaba al Estado 2.23% del PIB más de lo que gastaba. Y su deuda pública era equivalente a un 36,2% del PIB, una de las más bajas de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de riqueza que España), y muy por debajo de lo establecido por el Tratado de Maastricht (60% del PIB). En realidad, la deuda pública neta (que es la que debería utilizarse aunque nunca se utilice tal indicador) era sólo un 26,7% del PIB (la deuda neta es la deuda bruta menos los intereses que el Estado se debe a si mismo al incluir deuda pública poseída por diferentes ramas del Estado). No es cierto, por lo tanto, que la crisis se debiera a que el Estado se estaba gastando más de lo que tenía. El gasto público no era el problema, pues ni el déficit ni la deuda pública eran elevados. De ahí que las políticas de recortes de gasto público (incluyendo el gasto público social) no pudieran justificarse bajo el argumento de que nos gastábamos más de lo que teníamos. En realidad, el gasto público español (incluyendo el social) por habitante era y continúa siendo de los más bajos de la UE-15.

El crecimiento notable del déficit no se debió al aumento del gasto público, sino a la bajada de los ingresos al Estado resultado de la recesión y elevado desempleo, a lo cual contribuyeron los recortes de aquel gasto público. Fue el elevado crecimiento de desempleo (España ha tenido durante la crisis la tasa de crecimiento de desempleo más elevada de la OCDE después de EEUU e Irlanda) y consecuente descenso del nivel de ocupación y de la masa salarial lo que disparó el déficit público del Estado, alcanzando en 2009, sólo dos años después del inicio de la crisis, la cifra de -11,2% del PIB, y ello como consecuencia de que los ingresos al Estado, incluyendo el IRPF (los impuestos sobre la renta), proceden en su gran mayoría de las rentas del trabajo, y muy poco de las rentas del capital. Las políticas de recortes contribuyeron a la recesión. Si España hubiera crecido un 1,5% del PIB, el déficit habría disminuido más rápidamente que de la manera en que se ha intentado conseguir, es decir, a base de recortes. Resultado de tales políticas de austeridad (y devaluación doméstica conseguida a base de disminuir salarios), la economía no se ha recuperado y el déficit alcanzó en 2011 el 8,5% (es probable que, resultado de la ingeniería contable, fuera mayor) y la deuda pública el 68,5% del PIB (el 56,4% del PIB en su deuda neta).

Pero incluso estas cifras desfavorables en el caso del déficit público (aunque no inquietantes en el caso de deuda pública), son menos alarmantes de lo que se presentan y no deberían ser motivo de tanta preocupación. Según las proyecciones del FMI, la deuda pública en el 2017 será de un 80% del PIB, que es una cifra asumible, aunque existe el peligro que, resultado del rescate financiero, los 100.000 millones de euros aumenten esta deuda pública diez puntos más del PIB (90% del PIB).

Un tanto semejante ocurre en cuanto a los intereses de la deuda. De nuevo, según el FMI, España en 2011 pasará de pagar en intereses un 1,9% del PIB a un 3,9% en el 2017, cifra que no está fuera de lo común entre los países de la UE-15. Ni el déficit ni la deuda pública son un mayor problema. El que sí es un problema (que crea grandes incertidumbres entre los mercados financieros) es el escaso crecimiento económico y elevado desempleo. Éste es el mayor problema que tiene la economía española y que requiere una serie de intervenciones públicas que el gobierno Rajoy no está ni siquiera considerando. El gobierno debería estimular la economía y facilitar la creación de empleo, lo cual puede hacer sin que aumente el déficit público. En realidad, la reducción de éste debería conseguirse a base de aumentar el crecimiento económico y el descenso del desempleo. Y para ello deberían aumentarse los ingresos al Estado mediante reformas fiscales que permitieran ingresar más fondos al Estado para estimular la creación de empleo. Y ahí el espacio es enorme.

España tiene los recursos para crear empleo. Lo que ocurre es que no los recoge. Y no me refiero sólo al fraude fiscal (90.000 millones de euros), sino a las reducciones de impuestos que han estado ocurriendo en los últimos quince años y, muy en especial, en las rentas de capital y en las rentas superiores, reducciones que, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional han sido responsables de más de la mitad del déficit estructural existente en España. El estado (tanto central como autonómico) podría hacer obtenido 2.100 millones de euros manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, y 2.552 millones anulando la bajada del impuesto de sucesiones, y 2.500 millones revirtiendo la bajada de impuesto que se aprobó para las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, y 5.300 millones eliminando la reducción de los impuestos de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0.12% de todas las empresas) y/o 44.000 millones de euros anulando el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las granes empresas citadas en la frase anterior y/o 6.900 millones de euros aplicando un impuesto finalista en Sanidad (como ha hecho Canadá) y/o 3.000 millones de euros gravando los beneficios bancarios (como ha aconsejado el FMI), y/o 1.000 millones haciendo pagar 5 euros más por cada pasajero que saliera de un aeropuerto español y(o casi 1.000 millones de euros pagando las multas de tráfico según el nivel de renta del infractor (como en Finlandia) y así un largo etcétera. Con estos fondos podría haberse creado empleo y con ello estimular el crecimiento del empleo, disminuyendo así el déficit. El que estas medidas no sean las que se tomen y en su lugar otras (recortes y más recortes) se impongan se debe a la creencia errónea de que el gasto público es el problema, y así estamos.

Vicenç Navarro 

Extraído de: 

http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2012/06/27/el-mayor-problema-de-espana-no-es-ni-el-deficit-publico-ni-la-deuda-publica/

Añadimos el muy aclaratorio) comentario que en la misma página inserta un tal Bakunimm: 

Buenos días a tod@s:

Queda claro a estas alturas de la película las mentiras del gobierno del PPútrido sobre la Deuda Pública, ya que como bien explica el Sr. Navarro, la Deuda Pública es consecuencia y no principal causa de la crisis (perdón, estafa). El principal problema es la Deuda Privada. Por eso “SU” Deuda Privada es “NUESTRA” Deuda Pública.

LAS RAZONES DE LA DEUDA PÚBLICA:

1º El carácter profundamente regresivo del sistema fiscal

2º La corrupción generalizada de los gobernantes.

3ª Gasto en armamento militar, monarquía y privilegios de los políticos profesionales y altos cargos.

¿POR QUÉ SE HA DISPARADO LA DEUDA PÚBLICA DESDE EL 2008?

1ª Dinero dedicado a salvar banqueros.

2º Déficit creado por la crisis (perdón de nuevo, estafa) capitalista, debido al aumento del gasto en el desempleo, al estallar la burbuja inmobiliaria y al bajón de los ingresos por impuestos, problema agravado por un sistema fiscal basado en las rentas del trabajo y no en los tributos sobre el capital y las clases altas rentistas.

3º y fundamental es el propio servicio de la Deuda Pública, cada vez más voluminosa y cara, con unos tipos de interés que son pura usura. O sea un 10% del PIB dedicado al pago de la Deuda, un 4% de intereses (2011), por tanto en 2012 (actual) y más adelante se hará insufrible.

Resumiendo (que esto es muy largo). El gran problema de la Deuda Pública española es en realidad la Deuda Privada.

“Un atraco a cara descubierta”. Por tanto y cuanto la Deuda Pública es antidemocrática, ilegítima e inmoral.

El que se quiera creer las mentiras del gobierno ó tiene algún tipo de interés creado, ó está más ciego que el agujero del culo (con perdón de nuevo).

Saludos cordiales.

La Transición no fue modélica (Vicenç Navarro)

Existe una percepción generalizada en los establishments políticos y mediáticos españoles de que la Transición de la dictadura a la democracia que tuvo lugar en la segunda mitad de los años setenta fue modélica; es decir, ejemplar. Quisiera exponer en este artículo mi desacuerdo con esta percepción, subrayando que la continua promoción de tal lectura de nuestra realidad favorece a las fuerzas conservadoras, que continúan teniendo un enorme poder en nuestro país. En realidad, la Transición se hizo en términos muy favorables a estas fuerzas conservadoras, herederas de aquellas que en su día fueron responsables del golpe militar de 1936 y que, 40 años más tarde, dirigieron aquel proceso de transición. Me estoy refiriendo a la banca, a la patronal y a la Iglesia, defendidas por el Ejército y por la Monarquía, que representa el símbolo y continuidad de este dominio.

Este enorme bloque de poder se vio forzado a realizar cambios significativos en respuesta a grandes movilizaciones populares. La imagen tan promovida por el establishment mediático y político del país de que el rey nos trajo la democracia es una burda manipulación del análisis histórico. La mejor prueba de la escasa sensibilidad democrática del monarca fueron los borradores del cambio propuesto por los primeros gobiernos monárquicos, en los que la representatividad y diversidad política estaban sumamente limitadas. Fue la presión de las clases populares y, muy en particular, de las huelgas obreras de claro carácter político (ignoradas y ocultadas en la historiografía oficial) las que forzaron los cambios en aquellos borradores.

En aquellos años tuvieron lugar las movilizaciones de la clase trabajadora más intensas que se hubieran visto en Europa desde los años sesenta. En 1976, hubo 1.438 días de huelga al año por cada 1.000 trabajadores (la media en la Comunidad Europea era de 390 días) y en la metalurgia, 2.085 por cada 1.000 (el promedio en la Comunidad Europea fue de 595 días).

Un tanto semejante ocurrió en 1977. Tales movilizaciones forzaron los cambios, pero, debido a la enorme represión de la dictadura (por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco realizó 10.000) y al gran poder del bloque conservador, no consiguieron romper con el enorme dominio político que aquel bloque tuvo en configurar la Transición. No hubo rotura (como sostiene una interpretación sesgada de la Transición, promovida por el bloque conservador y con la complicidad de algunas voces de izquierda), sino una reforma dirigida por aquel bloque de poder y que dejó su imprimátur tanto en la Constitución (que iguala, por ejemplo, la escuela privada –gestionada en su mayoría por la Iglesia y que sirve a los grupos sociales más pudientes de la población– con la escuela pública, a la que asisten los niños de las clases populares), como en el sistema electoral que estableció (que discrimina a la clase trabajadora, hoy enormemente subrepresentada en uno de los sistemas electorales menos representativos de los regímenes electorales existentes).

Y este dominio de aquel bloque conservador continúa siendo enorme. Entre otros indicadores de tal poder cabe destacar que hoy, 33 años después de la Transición, España continúa siendo:

1. El país con el gasto público social por habitante más bajo de la UE, situándose a la cola de los países con semejante nivel de desarrollo económico; es decir, la Unión Europea de los Quince (UE-15).

2. El país de la UE-15 con mayor fraude fiscal, realizado en su mayoría por la banca, la patronal y los sectores más pudientes de la población. Según las propias cifras de los técnicos del Ministerio de Hacienda, tal fraude fiscal equivale a un 10% del PIB, por lo que España es el único país de la UE-15 donde, según las declaraciones de renta, un empresario ingresa menos al año que un trabajador.

3. El país con mayores desigualdades de renta (junto con Gran Bretaña, Grecia y Portugal) de la UE-15.

4. Uno de los países con uno de los Estados del bienestar más polarizados de Europa, con el 30% de renta superior del país cubierto por los servicios educativos (excepto los universitarios) y sanitarios privados, y el 70% restante (clases medias y clase trabajadora) por los servicios públicos.

5. El país de la UE-15 en el que mueren más trabajadores por enfermedades laborales sin que ello conste en su certificado de muerte, como consecuencia del enorme poder de la patronal y de las Mutuas Patronales Laborales que controlan.

6. El único país donde no se puede criticar al jefe del Estado (que no permite en su presencia denunciar al dictador que ha asesinado más españoles en el siglo XX, al cual su consorte, la reina, se ha referido como un dictador blando).

7. El país que aporta más fondos públicos a una de las jerarquías eclesiásticas católicas más retrógradas de las existentes en Europa.

8. El país donde un nacionalismo exacerbado central, heredado del franquismo, ahoga a las nacionalidades periféricas sin permitir el reconocimiento de un Estado auténticamente plurinacional.

9. El único país de Europa que ha padecido una dictadura donde las víctimas asesinadas por aquella continúan desaparecidas sin que el Estado se haya atrevido a desenterrarlas y darles el homenaje que se merecen.

Estos indicadores, entre otros muchos, deberían cuestionar la definición de aquella Transición como modélica. La insistencia en presentarla como tal fortalece a las fuerzas conservadoras que dominaron aquel proceso. Su constante reproducción en los medios tiene, además, el impacto de disminuir las expectativas de cambio entre la población, al reducir los objetivos a los que las fuerzas democráticas debieran aspirar, dificultando todavía más el muy necesario cambio que el país necesita para alcanzar la calidad de vida que su población se merece.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas

de la Universidad Pompeu Fabra y de la Johns Hopkins University.

Extraído de:

http://www.vnavarro.org/?p=1561

38 minutos de sabiduría y verdad con Vicenç Navarro

¿Vivirán las próximas generaciones peor que nosotros?

¿Crees que las próximas generaciones vivirán peor que nosotros? ¿Se refiere ese aserto a las próximas generaciones de todas las clases sociales? ¿hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿Te has comprado demasiados yates? ¿O simplemente una casa porque necesitas vivir en algún lugar?

Si quieres saber la respuesta a estas inquietantes preguntas, lee ESTE ARTÍCULO de Vicenç Navarro.

No a los mercados financieros

http://blogs.publico.es/dominiopublico/2754/no-a-los-mercados-financieros/

Las consecuencias de la transición inmodélica: el Tribunal Supremo (Artículo de Vicenç Navarro)

Las consecuencias de la transición inmodélica: el Tribunal Supremo

Este artículo señala que la transición de la dictadura a la democracia se realizó en términos muy favorables a las derechas, que continúan teniendo un gran dominio en los aparatos del estado, incluyendo el Tribunal Supremo y gran parte de la judicatura. El caso Garzón, impensable hoy en una Europa democrática, es un indicador de ello.

Cuando volví del exilio, recuerdo haber tenido conversaciones con amigos que jugaron un papel clave en la transición de la dictadura a la democracia (por lo que millones de españoles debiéramos estarles agradecidos), en las que teníamos una visión distinta de lo que fue la transición. Pues, mientras ellos consideraban aquella transición como modélica, yo discrepaba y la definía como inmodélica, pues había resultado en una democracia muy incompleta que ha dado lugar a un estado del bienestar muy insuficiente. Un indicador de esto último es que, todavía hoy, el gasto público social por habitante en nuestro país está a la cola de la Unión Europea. La clave de mi diagnóstico es que, y me parece obvio, la transición se hizo en términos muy favorables a las derechas, permitiendo un enorme dominio de las fuerzas conservadoras en el aparato del Estado, desde el Ejército a la Judicatura. Y fuera del Estado, la banca y el mundo empresarial continuaron teniendo una excesiva influencia en las culturas políticas y mediáticas del país.

Un indicador de tal poder de las fuerzas conservadoras se mostraba, y continúa mostrándose, en la manera como se define aquella dictadura a la que se llama franquista en España, cuando el término científico más apropiado es el de una dictadura fascista. Ésta reunió todas las características de los regímenes fascistas, incluyendo un nacionalismo exacerbado, basado en un concepto de pertenencia a la raza hispana, que justificaba la conquista de otros países y naciones por una supuesta superioridad, atribuyéndose una función

histórica marcada por un destino, imponiendo una ideología totalizante que invadía todas las esferas del ser humano –el nacional catolicismo-, promovida en la sociedad por un control absoluto de todos los sistemas de producción y distribución de valores dirigidos por un partido fascista (la Falange) y por un movimiento (el Movimiento Nacion

al), liderado por un Caudillo al que se presentaba dotado de virtudes sobrehumanas, imponiendo políticas de clase, en contra de la clase trabajadora, la mayor víctima de aquel régimen.

El cambio del término fascismo a franquismo respondió a un proyecto político conservador exitoso, que consistía en presentar aquel régimen como un sistema meramente autoritario, dirigido por el General Franco y un grupo minoritario, de manera que una vez desaparecido el General y sus aliados inmediatos, el estado se convirtió fácilmente en un estado democrático. De ahí a reciclar nuestra historia y concluir, tal c

omo dice uno de los escritores más visibles mediáticamente en España, el Sr. Arturo Pérez Reverte, que no hubo ni buenos ni malos en nuestro pasado, sólo hay un paso. Este relativismo moral, tan presente en la cultura promovida por el establishment, traduce una enorme insensibilidad democrática. ¿Se imaginan a Günter Grass diciendo que en la Alemania nazi no hubo ni buenos ni malos?

Tal interpretación de nuestro pasado es profundamente errónea, pues oculta varios hechos. Uno es que aquel régimen no fue una dictadura de unas camarillas, sino de una clase, la burguesía, así como pequeña burguesía y sectores de las clases medias que, en su inmensa mayoría apoyó la dictadura, y bajo cuya enorme influencia continúa un estado, la cúspide funcionarial del cual está, en gran parte, ocupada por individuos que juraron lealtad a aquel régimen fascista. El caso del Tribunal Supremo es un ejemplo de ello. Y grandes sectores de la judicatura jugaron un papel clave en la represión de aquel estado. Indicar que gran número de miembros que juraron tal lealtad no tenían otra alternativa, es negar que miles y miles de exiliados no quisieron realizar aquel juramento, pagando un coste personal elevado, permaneciendo en el exilio. El hecho es que, bien por convicción, bien por oportunismo, se identificaron y aceptaron aquel régimen, que les permitió poder alcanzar las cotas de responsabilidad y poder negadas a otros que no quisieron, por mera coherencia democrática, aceptar aquel régimen.

Ahora bien, la juventud de este país (a la que se le ha negado su historia) debiera conocer que su situación es excepcional en Europa pues, cuando se estableció la democracia, tales funcionarios del Estado fascista no tuvieron que explicarse y justificar su comportamiento, tal como tuvieron que hacer colaboracionistas con regímenes nazis o fascistas parecidos en Europa. De nuevo, el Pacto del Silencio (que lo hubo), sobre el cual se basó la transición, hace que la juventud no conozca que en Alemania, por ejemplo, aquellos jueces que habían firmado lealtad al movimiento nazi tuvieron que pasar el proceso de desnazificación, mostrando que su comportamiento judicial no había beneficiado a aquel régimen, llevando siempre una señal de advertencia, que no podía desaparecer por un nuevo juramento a la Constitución. Un juramento no borra un pasado.

De ahí que la juventud en este país no conoce que sería impensable hoy, en Europa, que un Tribunal Supremo permitiera al partido fascista (que está prohibido en Alemania) que denunciara a un juez por haber analizado las atrocidades cometidas por el régimen nazi, llevándolo a los tribunales. Esta situación es totalmente impensable hoy en una Europa democrática. Y todavía más impensable es que a los miembros que juraron lealtad al régimen fascista se les permitiera decidir sobre tal caso. Es un hecho bochornoso que debería cubrir de vergüenza a la Corte Suprema y a España.

Es obvio que los miembros de la Corte Suprema no sienten tal vergüenza, pues incluso se sienten ofendidos y maltratados frente al creciente rechazo nacional e internacional de su comportamiento. Esta falta de vergüenza es un indicador más de su escasa sensibilidad democrática, que debiera ofender a cualquier persona con mínimos sentimientos democráticos. Refugiarse en meros legalismos para explicar el caso Garzón, o interpretarlo como meros conflictos interpersonales es diluir la responsabilidad histórica de lo que está pasando en nuestro país. Es más, su comportamiento está deslegitimando rápidamente a aquel Tribunal, que está alcanzando el mismo nivel de desprestigio que ya alcanzó el Tribunal Constitucional. No son los críticos, sino ellos mismos, los que están desacreditando a tal tribunal. Todo el estado debe estar al servicio de la población española, la mayoría de la cual pertenece a las clases populares. Su poder deriva de ellas y es injusto que unos jueces que se aprovecharon en su proyecto personal de la existencia de aquella horrible dictadura ahora sean más sensibles a las demandas de sus herederos que a la peticiones de sus víctimas, que atendió el juez Garzón. ¿Hasta cuándo continuará esta situación?

Extraído de:

http://www.vnavarro.org/?p=4056